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Prólogo de Mario Arroyo

Mario Arroyo Hoy uno de los grandes retos a nivel internacional que enfrentan gobiernos, empresas y ciudadanos es la amenaza de los delitos comúnes, los asociados con la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia. Esta situación plantea nuevos retos y oportunidades para las organizaciones que buscan soluciones para prevenir, investigar y sancionar las conductas delictivas conocidas y las emergentes.

En el pensamiento contemporáneo diversos paradigmas de seguridad se han venido sucediendo y amalgamando con el concepto de prevención del delito, hemos escuchado en las décadas recientes hablar de términos como seguridad pública, seguridad ciudadana o seguridad humana.

En términos generales y para tener una idea más clara de los alcances y definiciones de cada uno de estos conceptos y su relación con la prevención del delito haremos una descripción breve de cada uno de ellos.

La seguridad pública, de acuerdo con el Informe internacional sobre la prevención de la criminalidad y la seguridad cotidiana: tendencias y perspectivas1, es un término en desuso. Son ya pocos los países que lo utilizan y su descrédito proviene fundamentalmente de dos fuentes: a) el uso autoritario de los instrumentos de coherción legítima del Estado en contra de los ciudadanos, como ocurrió en el siglo XX en varios países con dictaduras, que utilizaron el concepto de seguridad pública como sinónimo de seguridad interior, utilizando a la policía o las fuerzas armadas para torturar o desaparecer opositores a los regímenes políticos en turno; b) aún cuando no se utilizará abiertamente y de forma generalizada el aparato de seguridad del Estado en contra de ciudadanos, quedó claro que los gobiernos que adoptaron o mantienen el concepto de seguridad pública, siguen poniendo como el valor más alto la estabilidad o el orden social, de esta manera previenen o persiguen los delitos dando prioridad a los objetivos de las instituciones y dejan de lado la salvagurada de los intereses de las personas e incluso soslayan o violentan sus derechos fundamentales.

La seguridad ciudadana de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se refiere a "la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tiene las suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados (…) de este modo, es la ciudadanía el principal objeto de la protección estatal"2. Los derechos fundamentales que protege la seguridad ciudadana son: la vida; la integridad física; la libertad; las garantías procesales y el uso pacífico de los bienes3.

La seguridad humana según el paradigma de desarrollo humano, es un pilar que junto con la equidad, la sostenibilidad, el crecimiento y la participación, representan una estrategia de desarrollo planificada, una combinación efectiva que permite verificar el nivel de seguridad de vida alcanzado por las personas en una sociedad e interpretar las posibilidades y los desafíos que ésta tiene para acercarse a un desarrollo humano pleno y sostenible. Este concepto se mencionó por primera vez en el Informe mundial de desarrollo humano de 1994. Aquí lo que importa en términos de seguridad no es que los Estados y las sociedades se preocupen sólo por garantizar las condiciones para la paz, en función de una amenaza externa, sino que garanticen las condiciones mínimas para que las personas tengan y se sientan seguras al interior de sus sociedades. La seguridad humana tiene dos dimensiones fundamentales: a) la protección ante amenazas crónicas, como el hambre, las enfermedades y la represión y; b) la protección ante repentinas y dañinas interrupciones de los patrones de vida cotidiana ya sea en el hogar, en el trabajo o en la comunidad4.

Ahora bien, ¿Cómo se entrelazan éstas definiciones con el tema de prevención del delito?

En materia de seguridad y particularmente en el tema de la prevención, la primera década del siglo XXI ha sido generadora de consensos en torno a la necesidad de utilizar un enfoque multidisciplinario para el diseño de políticas públicas. En su reporte anual de 2010, el Centro Internacional para la Prevención del Delito señaló con justa razón que: "El objetivo de las políticas públicas de prevención busca mejorar la convivencia ciudadana y la calidad de la vida cotidiana, más allá de la disminución de la criminalidad.

La definición de la prevención del delito ha venido construyéndose progresivamente y se refleja en las diferentes resoluciones de las Naciones Unidas, las prácticas y políticas implementadas en el mundo. Se ha dado énfasis no solamente en el comportamiento criminal y en los medios para reducirlo, sino además en los medios para mantener y fortalecer la cohesión social, apoyándose en las capacidades de las mismas comunidades para actuar y favorecer una vida colectiva de calidad"5.

En este sentido las Las Directrices de la Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia6 distinguen cuatro tipos de prevención7:

1) La prevención a través del desarrollo social o prevención social del delito.
Según las Directrices de la ONU, "Promueven el bienestar de las personas y fomentan un comportamiento favorable a la sociedad mediante la aplicación de medidas sociales, económicas, de salud y de educación, haciendo particular hincapié en los niños y los jóvenes, y centrando la atención en el riesgo y los factores de protección relacionados con la delincuencia y la victimización". Esto incluye programas sociales, educativos, sanitarios y formativos destinados a la infancia;

2) La prevención a nivel local o prevención comunitaria, en lugar de dirigirse a individuos, se destina a zonas donde el riesgo de caer en la delincuencia o de ser víctima de ella es alto. Esto incluye áreas con elevados niveles de carencia, tanto en lo referente a infraestructuras, servicios y bienes materiales como a falta de cohesión comunitaria. Estos programas tienen por objeto aumentar la sensación de seguridad y protección de los componentes de determinadas comunidades, responder a las preocupaciones y problemas de delincuencia locales que afecten a la población y aumentar los servicios, así como el capital o la cohesión social en la comunidad;

3) La prevención situacional del delito, incluye enfoques que tienen por objeto reducir las oportunidades de la población para cometer delitos, aumentar los riesgos y los costos de ser detenido y minimizar los beneficios del delincuente. Las técnicas asociadas a esta prevención se aplican de formas muy específicas a tipos concretos de delitos, asumen que el ofensor es un ente racional y hace un cálculo de riesgos y beneficios de cada acto delictivo para tomar sus decisiones al momento de escoger sus víctimas u objetivos. Según las Directrices de la ONU, estos postulados ayudan a "prevenir los delitos reduciendo oportunidades de cometerlos, aumentando para los delincuentes el riesgo de ser detenidos y reduciendo al mínimo los beneficios potenciales, incluso mediante el diseño ambiental, y proporcionando asistencia e información a víctimas reales y potenciales";

4) La prevención de la reincidencia o prevención del delito mediante la reinserción social hace referencia a todos los programas dirigidos a niños, jóvenes o adultos ya involucrados en el sistema de justicia penal, incluso los detenidos y los que regresan a la comunidad. Según las Directrices de la ONU para evitar delitos, es importante "prevenir la reincidencia proporcionando asistencia para la reintegración social de los delincuentes y mediante otros mecanismos preventivos".

Los condenados por delitos corren el mayor riesgo de reincidir dado que ya han quebrantado la ley, tienen escasas oportunidades y aptitudes para llevar estilos de vida legítimos y no delictivos, y es posible que tengan fuertes vínculos con otros delincuentes y modos de vida afines a la delincuencia. Los programas en prisión pueden ayudar a prepararlos para la puesta en libertad dándoles nuevas capacidades laborales, por ejemplo, o aumentando su nivel de educación y aptitudes sociales, entre ellas la capacidad para mediar en situaciones conflictivas, y recurriendo a otros enfoques de justicia restaurativa.

Al margen de las estrategias y metodologías que se sugieren a nivel global, es necesario fijar una agenda común entre autoridades, ciudadanos y organizaciones para asignar prioridades y continuar realizando acciones orientadas a resolver problemas específicos y locales.

Sin olvidar que a un problema de justicia social, no se le puede resolver sólo con sanciones penales y que las acciones que sean tomadas necesitan ser reales y no sólo retóricas, porque una vez que los mecanismos de control social pierden eficacia y legitimidad se abre la posibilidad de una desintegración social, de entrar en un estado de anomia. Evitar este escenario depende en gran medida de que cada uno de los actores involucrados manifieste su voluntad, compromiso y recursos para trabajar de forma coordinada e institucional y mejorar las condiciones de seguridad.

Lo que queda claro luego de un análisis histórico y actual de los diversos enfoques tanto teóricos como prácticos que se han desarrollado, primero para comprender el delito y luego para tratar de "prevenirlo" o "reducirlo" es que estos tópicos seguirán siendo un referente en las discusiones de seguridad.

El ideal y el objetivo último es que las políticas de prevención ya no se limiten sólo a buscar la reducción de las tasas de criminalidad y victimización, sino que busquen mejorar la convivencia ciudadana y la calidad de vida de las personas. Como señala la Presidenta del Consejo de Prevención del Crimen de ASIS International, Deyanira Juliet Murga, los sistemas tradicionales en prevención no son suficientes para resolver el problema de inseguridad, es necesario fortalecer la cultura de prevención. Confiamos en que la lectura y aplicación de los contenidos de este Manual de Seguridad ayude a avanzar en estos propósitos.

Mario Arroyo Juárez



Es un especialista en seguridad nacional, terrorismo y reducción del delito. Es miembro de ASIS International, consultor y capacitador de organizaciones públicas y privadas. Tiene la Maestría en Política Criminológica por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE) y el Doctorado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente es Director Ejecutivo de Seguridad Humana SC.

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1 Centro Internacional para la prevención de la criminalidad (CIPC). Informe Internacional sobre Prevención de la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana, Montreal 2010. (International Center for Crime Prevention. International Report on Crime Prevention and Everyday Security. Montreal, 2010)
2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre desarrollo humano. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1994 (United Nations' Development Program. World Report on Human Development. New York, 1994)
3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (CIDH). Washington, DC: Organización de los Estados Americanos, 2009, p.7. (Inter-American Commission on Human Rights. Report on Citizen Security and Human Rights. Washington, 2009).
4 PNUD, Op. Cit.
5 CIPC, Op. Cit.
6 Ibidem.
7 Oficina de las Nacionas Unidas contra la Droga y el Delito. Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito, Viena, 2011.

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